El caso de la minera Chancadora Centauro, cuyo permiso de operaciones se originó en el Ministerio de Energía y Minas mediante dispositivo 068-2010-MEM-AAM, es un caso típico de abuso de poder al pretender imponer a todo un pueblo (Áncash) una inversión al servicio de la negación de la vida con el cuento de la libertad de inversiones y el crecimiento económico.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como minera Chancadora Centauro, supieron desde un comienzo que había equivocado el rumbo, por cuanto el permiso tenía un origen violatorio de la legalidad, y que además ubicaba el proyecto de exploración y posterior explotación en la cabecera de cuenca (lago Conococha) que da origen a los ríos Santa, Pativilca y Fortaleza.
Es decir se concertó un permiso de operaciones sin tener en consideraciones la licencia social ni la defensa de la vida, pues imponer un proyecto en cabecera de cuenca es la mayor torpeza que puede hacer una autoridad oficial, salvo que crea que estamos en los primeros albores de la conquista española en Perú o en el África colonial y que la vida de nuestros campesinos no valen un solo centavo.
Por ello la protesta del pueblo ancashino, particularmente de las localidades de Cátac-Recuay se justificó plenamente por cuanto solo defendían su derecho a la vida, en contra de una inversión minera que iba a contaminar la naciente de sus aguas, tierras, plantas y animales.
Como siempre, la reacción del gobierno fue demasiado tarde. Luego de seis días de paralización, con toda la actividad socioeconómica detenida en Áncash, el Ejecutivo aprista decidió impulsar por intermedio del MEM la RM 536-MEM mediante la cual revocó el permiso de operaciones de la minera Chancadora Centauro.
Pero la decisión del MEM fue una decisión mediatizada, por cuanto la empresa Centauro había determinado previamente suspender indefinidamente sus actividades de exploración, aunque después adujo que no había seguridad jurídica para invertir. Tamaña tontería es inaceptable: no se puede desarrollar un proyecto en colusión contra la legalidad, en cabecera de cuenca ni mucho menos en áreas intangibles como la Reserva de Biosfera del Huascarán.
Esperemos que, en el futuro, la prioridad de las inversiones mineras no dé paso a permisos irracionales que subleven a todo un pueblo. Ya tuvimos la negra experiencia de Bagua, que se originó en la dación inconsulta de algunos decretos legislativos para lotizar nuestra selva al servicio del mejor postor. Persistir sobre lo mismo significaría volver a dispararse en los pies. (GAR)
El Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como minera Chancadora Centauro, supieron desde un comienzo que había equivocado el rumbo, por cuanto el permiso tenía un origen violatorio de la legalidad, y que además ubicaba el proyecto de exploración y posterior explotación en la cabecera de cuenca (lago Conococha) que da origen a los ríos Santa, Pativilca y Fortaleza.
Es decir se concertó un permiso de operaciones sin tener en consideraciones la licencia social ni la defensa de la vida, pues imponer un proyecto en cabecera de cuenca es la mayor torpeza que puede hacer una autoridad oficial, salvo que crea que estamos en los primeros albores de la conquista española en Perú o en el África colonial y que la vida de nuestros campesinos no valen un solo centavo.
Por ello la protesta del pueblo ancashino, particularmente de las localidades de Cátac-Recuay se justificó plenamente por cuanto solo defendían su derecho a la vida, en contra de una inversión minera que iba a contaminar la naciente de sus aguas, tierras, plantas y animales.
Como siempre, la reacción del gobierno fue demasiado tarde. Luego de seis días de paralización, con toda la actividad socioeconómica detenida en Áncash, el Ejecutivo aprista decidió impulsar por intermedio del MEM la RM 536-MEM mediante la cual revocó el permiso de operaciones de la minera Chancadora Centauro.
Pero la decisión del MEM fue una decisión mediatizada, por cuanto la empresa Centauro había determinado previamente suspender indefinidamente sus actividades de exploración, aunque después adujo que no había seguridad jurídica para invertir. Tamaña tontería es inaceptable: no se puede desarrollar un proyecto en colusión contra la legalidad, en cabecera de cuenca ni mucho menos en áreas intangibles como la Reserva de Biosfera del Huascarán.
Esperemos que, en el futuro, la prioridad de las inversiones mineras no dé paso a permisos irracionales que subleven a todo un pueblo. Ya tuvimos la negra experiencia de Bagua, que se originó en la dación inconsulta de algunos decretos legislativos para lotizar nuestra selva al servicio del mejor postor. Persistir sobre lo mismo significaría volver a dispararse en los pies. (GAR)
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